La empresa cordobesa mantenía una deuda de casi 100 millones de euros con la Agencia Tributaria

Tras una década luchando por no hacerlo, por intentar que el grupo sobreviviera con fondos propios, el Grupo Prasa, el último gigante de la construcción en Córdoba, se ha visto obligado a solicitar el concurso voluntario de acreedores, según consta en un editor firmado por la titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, Elena Colorado Gámez, al que ha tenido acceso este periódico.

Prasa, una constructora familiar dirigida por Pepe Romero, sufrió como todas las empresas del ladrillo el impacto de la crisis inmobiliaria que estalló en 2008. Desde entonces, buscó sobrevivir y aprobó y ejecutó varios planes financieros. Fuentes de la constructora señalan que a diferencia de otros grandes concursos de acreedores declarados en Córdoba, el objetivo siempre fue liquidar antes todos los pagos pendientes con los trabajadores y con los proveedores.

Eso sí, el Grupo Prasa acumulaba una gigantesca deuda con la Hacienda Pública. Según el último listado de grandes morosos difundido por la Agencia Tributaria, hace apenas un mes, el Grupo Prasa acumula un débito de 97,9 millones de euros con las arcas públicas, una cantidad absolutamente inasumible para una empresa como la cordobesa.

En febrero del año 2017, Prasa intentó obtener viabilidad reduciendo capital. Entonces, el administrador único de la compañía, José Romero González, firmó un anuncio de reducción de capital del Grupo Prasa de 76,7 millones de euros, que bajaba de manera drástica el valor total de la empresa. Así, en el anuncio, el propio Romero informó que el capital social de Prasa era actualmente de 10,8 millones de euros, muy lejos ya de los casi 200 millones de los que disponía la empresa hace años.

En diciembre de 2013, la empresa ya anunció que reducía su valor en 100 millones de euros. Entonces, su capital social se reducía hasta los 87 millones de euros. En la memoria de 2011, el Grupo Prasa aseguraba que sus activos eran de 1.719 millones de euros. Entonces, la entidad ya había conseguido refinanciar la mayor parte de su deuda, que la había puesto a un pago a largo plazo por un importe de 767 millones de euros. Sin embargo, el principal problema de la empresa era el importe de la deuda a corto plazo, que aunque menor seguía siendo muy importante: 356 millones de euros.

Ahora, la histórica compañía no ha podido afrontar estos últimos pagos y no ha logrado sobrevivir. Prasa es una empresa familiar que nació en los años sesenta en Torrecampo, en Los Pedroches. Allí mantuvo su sede social hasta que la constructora comenzó a expandirse por toda España y también por diversos países europeos. Hasta que estalló la crisis económica.

Prasa está ahora en manos de Alfa Asesores Concursales, que son los administradores nombrados por la jueza. Su objetivo, tratar de salvar la empresa. En caso contrario, presentarían un plan de liquidación para que los acreedores puedan saldar la mayor parte de sus débitos con la constructora.

Tras una década luchando por no hacerlo, por intentar que el grupo sobreviviera con fondos propios, el Grupo Prasa, el último gigante de la construcción en Córdoba, se ha visto obligado a solicitar el concurso voluntario de acreedores, según consta en un editor firmado por la titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, Elena Colorado Gámez, al que ha tenido acceso este periódico.

Prasa, una constructora familiar dirigida por Pepe Romero, sufrió como todas las empresas del ladrillo el impacto de la crisis inmobiliaria que estalló en 2008. Desde entonces, buscó sobrevivir y aprobó y ejecutó varios planes financieros. Fuentes de la constructora señalan que a diferencia de otros grandes concursos de acreedores declarados en Córdoba, el objetivo siempre fue liquidar antes todos los pagos pendientes con los trabajadores y con los proveedores.

Eso sí, el Grupo Prasa acumulaba una gigantesca deuda con la Hacienda Pública. Según el último listado de grandes morosos difundido por la Agencia Tributaria, hace apenas un mes, el Grupo Prasa acumula un débito de 97,9 millones de euros con las arcas públicas, una cantidad absolutamente inasumible para una empresa como la cordobesa.

En febrero del año 2017, Prasa intentó obtener viabilidad reduciendo capital. Entonces, el administrador único de la compañía, José Romero González, firmó un anuncio de reducción de capital del Grupo Prasa de 76,7 millones de euros, que bajaba de manera drástica el valor total de la empresa. Así, en el anuncio, el propio Romero informó que el capital social de Prasa era actualmente de 10,8 millones de euros, muy lejos ya de los casi 200 millones de los que disponía la empresa hace años.

En diciembre de 2013, la empresa ya anunció que reducía su valor en 100 millones de euros. Entonces, su capital social se reducía hasta los 87 millones de euros. En la memoria de 2011, el Grupo Prasa aseguraba que sus activos eran de 1.719 millones de euros. Entonces, la entidad ya había conseguido refinanciar la mayor parte de su deuda, que la había puesto a un pago a largo plazo por un importe de 767 millones de euros. Sin embargo, el principal problema de la empresa era el importe de la deuda a corto plazo, que aunque menor seguía siendo muy importante: 356 millones de euros.

Ahora, la histórica compañía no ha podido afrontar estos últimos pagos y no ha logrado sobrevivir. Prasa es una empresa familiar que nació en los años sesenta en Torrecampo, en Los Pedroches. Allí mantuvo su sede social hasta que la constructora comenzó a expandirse por toda España y también por diversos países europeos. Hasta que estalló la crisis económica.

Prasa está ahora en manos de Alfa Asesores Concursales, que son los administradores nombrados por la jueza. Su objetivo, tratar de salvar la empresa. En caso contrario, presentarían un plan de liquidación para que los acreedores puedan saldar la mayor parte de sus débitos con la constructora.

El excomisario Villarejo investigó a Prasa

Realizó en 2012 un informe patrimonial sobre el grupo inmobiliario que debía dinero a un empresario

El excomisario José Manuel Villarejo realizó una investigación para realizar un informe sobre la inmobiliaria cordobesa Prasa. Así lo atestigua la Unidad de Asuntos Internos que lleva el caso Tándem que investiga, en el contexto de las relaciones del comisario jubilado y en prisión provisional Villarejo con el BBVA, a un promotor que le contrató en el año 2009 a cambio de una provisión de fondos inicial de 500.000 euros, en un momento en que dos de sus empresas se veían abocadas al concurso de acreedores por los impagos de la macro inmobiliaria Grupo Prasa.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, Asuntos Internos remitió un informe al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero que fue incorporado a la pieza secreta número 9, la relativa a los encargos que Villarejo habría estado desempeñando para el BBVA durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Esa pieza ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.

En este caso, el objeto de las pesquisas policiales es el promotor inmobiliario José Pedro Iglesias Moure, del que no consta que haya sido imputado en la causa. Según la documentación que obra en el sumario a la que ha tenido acceso Europa Press, recurrió a Villarejo en diciembre de 2009 por intermediación del comisario jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras Carlos Salamanca y le encargó un proyecto de “análisis e inteligencia con tareas de información e investigación por el que acuerda pagarle una cifra inicial en concepto de provisión de fondos que asciende a 500.000 euros”.

Para la Policía, el vínculo con Salamanca queda acreditado en una doble vía. Por un lado, en la causa sobre el BBVA obra un audio en el que Iglesias Moure y Villarejo hablan de la amistad que ambos tienen con Salamanca, al que llaman Charlie. Él mismo reconoció esa relación preguntado al respecto por la Fiscalía Anticorrupción el pasado viernes en la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El proyecto ‘king-p’

Por otro lado, Iglesias Moure le prestó en enero de 2010 un Audi Q7 a Salamanca por un periodo de siete meses, las mismas fechas en que acababa de realizar el encargo a Villarejo. En una declaración en sede policial, el empresario explicó que se lo dejó porque en su empresa ya nadie le daba uso.

Iglesias Moure era administrador de la empresa Millurqui 2003 Invest S.L. y consejero delegado de Consorcio Mare Nostrum, según consta en el registro mercantil. Estas dos empresas solicitaron en noviembre de 2010 al Juzgado de Primera Instancia número 9 y Mercantil de Córdoba que la promotora inmobiliaria Grupo Prasa entrase en concurso de acreedores, dado que debía 13,9 millones de euros a la primera y otros cuatro millones a la segunda. El juez lo aceptó a trámite.

Grupo Prasa se resistía a declarar concurso y apostaba por refinanciar la deuda y reconducir el negocio, según informó en un comunicado a los medios en aquellas fechas. Llegó 2012 y Cenyt, según fuentes cercanas a la mercantil consultadas por Europa Press, desarrolló todo un informe sobre el patrimonio de Prasa, incluyendo sus ramificaciones dentro y fuera de España.

Lo bautizaron como Proyecto King-P, nombre similar al del proyecto de Villarejo que involucra a Carlos Salamanca en relación a la entrada ilegal de ecuatoguineanos en España y acciones en favor de políticos de aquel país, King. Además, Cenyt asumió poderes de representación legal de Millurqui 2003 S.L., de acuerdo a las mismas fuentes cercanas a aquel negocio.

Ese informe de Cenyt, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge desde noticias sobre el presidente de Prasa hasta fotografías de las fincas del Grupo en lugares como Polonia, Brasil y Marruecos, pasando por información mercantil y organigramas de todas las sociedades que lo constituían en territorio nacional y en el extranjero.