Opinion:Prioridades políticas y modelo de país: los debates tras la pandemia

El gobierno andaluz está actuando con una absoluta falta de transparencia y lentitud a la hora de trasladar información y orientar a los ayuntamientos sobre los protocolos que se deben seguir en relación a los datos de contagios de COVID-19. En municipios que se encuentran descontrolados, con numerosos casos y una población preocupada, nerviosa y desconocedora, los ayuntamientos no conocen los datos reales (solo hace falta ver el enlace oficial de Junta de Andalucía para comprobarlo) y se ven limitados a realizar «recomendaciones» y «solicitar» medidas sanitarias a la población. Dado que las competencias en la materia recaen en las Comunidades Autónomas, el margen de maniobra de los ayuntamientos se restringe al cierre de sus propias instalaciones municipales y a hacer llamamientos a la responsabilidad individual de sus vecinos y vecinas.

¿Por qué el gobierno andaluz no toma decisiones ni traslada con más regularidad y transparencia los datos pese a ser sus competencias y responsabilidades?

Pueden existir varias hipótesis:

1) La incapacidad política y de gestión, que les provoca estar absolutamente desbordados. La falta de planificación de la vuelta a los centros educativos a estas alturas del verano, ya a finales de agosto, tras numerosos anuncios en los que afirmaban lo contrario, y la situación en que se encuentra la sanidad pública, cada vez más debilitada y privatizada, podrían validar esta hipótesis.

2) La presión de la patronal hotelera. El gobierno se encuentra atado de pies y manos por los compromisos adquiridos con la patronal y, a pesar del aumento de los casos, opta por retrasar su conocimiento público para no generar alarma hasta la llegada del mes de septiembre, y así poder terminar la temporada turística de agosto.

3) Ambas, la incapacidad política y de gestión y las presiones de la patronal hotelera.

No debemos dejar de recordar que la derecha, los oligarcas y algunos y destacados gobiernos autonómicos se posicionaban en contra del estado de alarma y del confinamiento declarado por el Gobierno de España, aprobado en el Congreso de los Diputados, con argumentos diversos. Hablaban de una «dictadura encubierta», de «falta de libertad», denunciaban que el mando único suprimía las competencias de las comunidades autónomas y que cerrar la actividad económica no esencial era un error. Todo esto entre permanentes contradicciones y manifestaciones de pijos, ricos, descerebrados y negacionistas del virus. Desde las convocatorias del Barrio de Salamanca, pasando por las de Vox, para terminar con las de Miguel Bosé.

Restringir la movilidad fue la clave en su momento. Eliminar por completo esas limitaciones en la época veraniega de un país como España y en un territorio como Andalucía, entregados al turismo como “monocultivo”, ya sea para el turismo internacional o de interior -la provincia de Córdoba y Andalucía son, desgraciadamente, territorios de decenios de emigración al resto del país- podría traer las actuales consecuencias: un importante aumento de los contagios.

No era fácil tomar esa decisión por parte del Gobierno. Primero, porque solo con normas y decisiones con carácter de obligatoriedad habría sido posible afrontar la pandemia global tras años de fomento del individualismo; y segundo, porque España es un estado debilitado, desindustrializado, dependiente y sin planificación ni control público y democrático de la economía tras décadas entregado al neoliberalismo y en manos de oligarcas, bancos y fondos de inversión. Decisiones con errores, seguro, en un contexto internacional complejo y adverso en muchos casos y que, personalmente y por mi concepción ideológica, hubiera querido que fuesen más avanzadas. Aún así la política en democracia se ejerce bajo la correlación de fuerzas que te da la ciudadanía.

Pero la derecha y los gobiernos autonómicos utilizaron la crisis sanitaria para intentar derribar al Gobierno y sus decisiones políticas, en dirección contraria a la crisis del 2008, y durante el verano se han ido sucediendo los acontecimientos con unos gobiernos autonómicos incapaces en la toma de decisiones, que pese a haber recibido importantes transferencias económicas (como el fondo COVID-19, de 16 mil millones de euros) no han elegido fortalecer competencias fundamentales para el progreso de la sociedad, como son la Sanidad y la Educación, ya en muchas comunidades desmanteladas, desarticuladas y privatizadas tras años de neoliberalismo en vena.

Mientras, ayuntamientos sin financiación y sin competencias están asumiendo un papel que no les corresponde administrativamente pero que ejercen como institución primaria y cercana, y bajo la democracia directa para la ciudadanía. También se puede destacar el papel que han cumplido en muchos casos las Diputaciones Provinciales, salvaguardando a los pequeños ayuntamientos que más problemas han encontrado para atender esta crisis.

La actual coyuntura necesita de un debate complejo, integral y riguroso sobre el modelo territorial político y administrativo y más aún sobre qué modelo productivo y social queremos para nuestro país. Necesitamos más fábricas y menos hoteles, más centros de salud y hospitales públicos y menos clínicas privadas, más trenes y menos jets privados, más escuelas públicas y maestros y maestras y menos centros del Opus… más Estado.

Sebastián Pérez Gallardo

Politólogo

Secretario de Organización Provincial de IU Córdoba