Prode reclama a la Junta en Pozoblanco la colaboración público-privada para desarrollar sus proyectos
La fundación recibe una certificación internacional que reconoce una gestión «excelente, innovadora y sostenible»
El presidente de la Fundación Prode, Blas García, abogó este martes por la colaboración público-privada durante la visita que la consejera Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, hizo a la entidad en su sede de Pozoblanco, donde la representante de la Junta asistió a la entrega del reconocimiento Sello EFQM 500 a Prode, la única certificación internacional que reconoce la gestión excelente, innovadora y sostenible de las organizaciones. Prode es la única organización en Andalucía que tiene este sello y lo comparte con otra entidad de Cantabria a nivel nacional.
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García quiso transmitir a la consejera cómo entienden ellos que se debe acompañar a cada persona para el desarrollo de «una vida con sentido basada en la búsqueda de la felicidad». Según el presidente de la Fundación, «hay mucho margen de mejora y se pueden cambiar muchos aspectos en la manera de hacer las cosas». Blas García le trasladó a la consejera las dificultades que se encuentran a la hora de trabajar en distintos aspectos y proyectos que desarrollan a modo de experiencia piloto. Para el presidente de Prode, la maquinaria de la Administración es pesada y «sabemos que flexibilizando la norma, poniendo el foco en las personas, se puede mejorar, nosotros sabemos cómo hacerlo y queremos ser el motor del cambio», apostilló.
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«La Administración nunca ha estado a la altura de las entidades y fundaciones que han trabajado por las personas con discapacidad, y la colaboración con ellos debía de ir por el campo de trabajar de su mano»
Rocío Ruiz – Consejera de Igualdad
Para la consejera, la Administración nunca ha estado a la altura de las entidades y fundaciones que han trabajado por las personas con discapacidad, y la colaboración con ellos debía de ir por el campo de trabajar de su mano, no solo para poner en valor la excelencia de la labor que realizan, «sino para seguir avanzando en el amplio campo de mejoras que se necesitan». La consejera trasladó su enhorabuena a Prode por el reconocimiento. En este sentido, expresó la «lucha compartida» de la Consejería de Igualdad con esta entidad para la «visibilización, la prevención y la atención a las personas con discapacidad para evitar su estigmatización y algo que está en el ADN de esta Consejería, que es la inclusión social. Esta es la revolución social que emprendimos hace casi tres años y es en lo que seguimos trabajando», dijo.
Los fondos europeos Next Generation
La consejera destacó que 330 millones de euros de los 450 que gestionará su departamento procedentes de los fondos europeos Next Generation van a ir destinados a la atención de las personas con discapacidad. «Somos la única consejería que ya tenemos aprobados los 39 proyectos. De hecho, ya estamos poniendo en marcha los primeros de ellos con una partida inicial de 114 millones de euros que ha sido tramitada para un plan de choque para la economía de los cuidados. Se trata de proyectos con entidades del tercer sector y ayuntamientos dirigidos hacia la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad», señaló.
Además, recordó el incremento «sin precedentes» del número de plazas de todo tipo en esta legislatura, que asciende a 1.912 nuevas plazas de atención a personas en situación de dependencia, de la cuales 966 han sido destinadas al sector de la discapacidad. «Solo para el presente ejercicio, se habrán creado 1.064 nuevas plazas. De ellas, 424 de atención residencial y 77 para centros de día para personas con discapacidad», destacó.
Por último, señaló la importancia de hacer el sistema sostenible «para que las personas con discapacidad tengan la calidad de vida, los cuidados y el apoyo que se merecen, para tener esa inclusión que deseamos». En este sentido, se refirió a la aprobación en Consejo de Gobierno del incremento, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2021, del 2,6% del coste de la plaza para las residencias y centros de día que atienden a personas en situación de dependencia.