Los afectados por el incendio de Alcaracejos reclaman ayudas
Tres meses después del incendio los vecinos que vieron dañadas sus propiedades preparan una reclamación contra Endesa a quien atribuyen el origen del incendio y dicen sentirse ‘abandonados por las administraciones’
Tres meses después de que se produjera el incendio de Alcaracejos que quemó 650 hectáreas de terreno, 149 de ellas dedicadas a la actividad agraria en el entorno del Puerto del Calatraveño, los vecinos reclaman las ayudas que las administraciones comprometieron.
Son una treintena de vecinos que han perdido fincas de olivar, de pistachos, infraestructuras de riego e incluso olivares centenarios.
Los afectados se han constituido en plataforma se sienten «abandonados por las administraciones».
LOS AFECTADOS NO TIENEN DE MOMENO VALORACIONES TOTALES DE LOS DAÑOS PERO PRESENTARÁN DEMANDA CONTRA ENDESA
Cada propietario está peritando el valor de lo que han perdido a la espera del informe oficial del Infoca que, a juicio de los afectados, será fundamental para determinar el grado de afectacción y si hubo o no responsabilidad por parte de Endesa en el origen del incendio, que se vinculó al mal estado del tendido eléctrico en el entorno del Puerto del Calatraveño.
¿QUÉ FUE DE LAS AYUDAS QUE PROMETIÓ EL GOBIERNO?
La única ayuda que han recibido de momento los vecinos es la de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches.
El Gobierno cree que «será difícil» cambiar el decreto de ayudas para incluir a los afectados, según ha explicado la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafi Valenzuela en el programa Hoy por Hoy Córdoba.
La Junta de Andalucía mientras tanto «contempla ayudas pero para la prevención de esos incendios» como ha indicado el delegado de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio.
Aún así, el Ayuntamiento de Alcaracejos considera que «ambas administraciones deberían dialogar para atender las necesidades de los vecinos».
Sobre el debate de si el Infoca debió declarar o no el nivel 1 para que el incendio pudiera entrar dentro del decreto de ayudas del Gobierno, ni Aloisio ni Valenzuela, han querido cuestionar este paso al entender que se trata de «una decisión de carácter técnico» motivada por lo que marcan los reglamentos y disposiciones de cada administración.
