Siete retos para la reforma de la PAC en Andalucía

Las organizaciones agrarias coinciden en reclamar más presupuesto, unidad y control del mercado, a la vez que una apuesta por la mujer, el relevo generacional y la innovación, y una sostenibilidad con matices

El incremento de la demanda, la mayor volatilidad de los mercados, la creciente globalización, el cambio climático y la salida de Reino Unido de la UE, como principales preocupaciones, obligan a nuevos desafíos

Europa Press

El nuevo Parlamento Europeo tiene entre uno de los encargos más importantes de la legislatura la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2020-2027. El incremento de la demanda de productos, la mayor volatilidad de los mercados y la creciente globalización del comercio son desafíos para este periodo, unido ello a lo que suponen escenarios como el cambio climático o la salida de Reino Unido de la UE, y por tanto menos presupuesto. En paralelo, está la propuesta de la Comisión Europea, que ya ha puesto sobre la mesa un recorte en el presupuesto.

De momento, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a tres informes para una reforma que será votada definitivamente el próximo otoño, si bien ya se barrunta un retraso. Hemos hablado con las principales organizaciones agrarias para conocer su opinión sobre estas primeras propuestas y dónde centran sus reivindicaciones para un sector donde España tiene especial protagonismo como productora y comercializadora líder.

Más dotada

Hace unas semanas se firmaba una declaración común en defensa de una financiación adecuada para la PAC por parte de los representantes de Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Portugal y España. En paralelo, España ha elaborado su propio documento en el que exige que no se recorte el presupuesto porque la propuesta presentada por la Comisión Europea para la próxima PAC supone un tijeretazo del 5,4% a los fondos para España.

En esto tiene detrás a todas las organizaciones agrarias. Por ejemplo, desde Asaja dan «prioridad absoluta» a la cuestión presupuestaria y rechazan todo tipo de recortes. Insisten en que «no se puede responder a más obligaciones con menos dinero». Y recalcan: «El Gobierno de España debe perseverar para lograr que se amplíe el número de países firmantes de esta declaración». De hecho, hay cosas sobre las que ya han llamado la atención, como que el mayor recorte se produce en el desarrollo rural (Feader) «lo que conllevaría una discriminación entre regiones en función de la capacidad financiera de las mismas».

Desde COAG manifiestan: «Pese a que a veces se cuestiona, el presupuesto de la PAC no es elevado. Es bajo, si se tiene en cuenta que el objetivo es proporcionar alimentos saludables a 500 millones de personas y obtenidos de forma respetuosa con el medioambiente». Y sentencian: «Debe garantizarse su financiación 100% comunitaria».

«Que sea netamente agraria y financiada 100% por la UE», corroboran desde UPA, para que con ello «se defiendan los intereses de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, las explotaciones de carácter familiar, los jóvenes y las mujeres del medio rural».

Más común

Las organizaciones agrarias han advertido también una tendencia a la «renacionalización y la regionalización» de la PAC, lo que va contra el carácter común «que ha distinguido hasta ahora a esta política y que socavará un principio básico como el de la unidad de mercado», como expresan desde Asaja. Y es que se trasladan a los estados miembros e incluso a las regiones muchas de las responsabilidades que ahora ostentaba la propia Comisión Europea y que tenían un carácter común para todos. 

COAG también alerta de esto: «Existe un riesgo de divergencia significativa, provocada por 27 planes estratégicos distintos y agudizada según el número de elementos que se establezcan a nivel regional. La PAC será menos común de lo que es hoy y, a medida que pase el tiempo, se irá avanzando en su centrifugación». Para COAG, esto «erosiona gravemente el principio del carácter comunitario de la PAC». En este sentido, pese a que la Comisión Europea reivindica su papel a la hora de aprobarlos y establecer principios y condiciones comunes, creen «imprescindible» que se establezcan garantías adicionales.

En esta línea, desde UPA, y yendo directamente a lo que sería el caso de España, sostienen que el Plan Estratégico Nacional (que incluye ayudas directas y desarrollo rural), debe ser la suma de los 17 realizados por las comunidades autónomas, de forma que se adapten mejor a la realidad social, económica, territorial y competencial de cada administración.

Más controlada

Uno de los tres informes que ya ha aprobado el Parlamento Europeo está centrado en las nuevas normas de la UE para la organización común de mercados (OCM) en productos agrícolas después de 2020. Entre otras cosas, se apuesta por crear un observatorio único para los mercados agrícolas y por controles más estrictos de los productos geográficamente protegidos. Otro de estos informes recoge una reserva destinada a ayudas para momentos de fluctuaciones de los precios o inestabilidad del mercado.

Sin embargo, desde Asaja creen que en lo que respecta a los mecanismos de gestión de mercados, «se persiste en su desmantelamiento», con «desafortunadas consecuencias» en numerosos sectores como el lácteo o la remolacha, tras desaparecer su régimen de cuotas, o circunstancias específicas, como fue el ecoli, el embargo ruso, o la imposición unilateral de aranceles a la aceituna negra española en EEUU. «La UE deberá dotarse de mecanismos de reacción urgente y eficaz que provean unos niveles mínimos de estabilidad de precios y rentas para todos los productores afectados», precisan. También reclaman un mayor equilibrio en la cadena alimentaria y reforzar el peso de la producción en la cadena. En el otro lado, creen que la reforma debe buscar las mejores condiciones para que el mercado retribuya dignamente a los productores.

Desde UPA también piden un mayor peso de los productores en la cadena de valor. «Es necesaria una legislación clara que luche contra las prácticas comerciales desleales como son la venta a pérdidas y el uso de productos reclamo, que banalizan los de calidad», expresan. 

Por su parte, COAG considera que «eliminar las políticas de regulación de mercado y colocarlas en el escenario internacional es destruir el modelo de agricultura social, sostenible, basado en una producción realizada por miles de agricultores y ganaderos». No entienden que se asuma la preocupación de los europeos por la calidad alimentaria y por la sostenibilidad y que, simultáneamente, «se cierren acuerdos comerciales con países que no respetan las mismas reglas del juego». 

Más sostenible

Otro de los informes se centra en las nuevas reglas generales de la UE para pagos directos y desarrollo rural después de 2020. Se trata no solo de premiar las prácticas beneficiosas para el medioambiente y el clima, sino también para el bienestar animal. Los eurodiputados quieren dedicar por lo menos el 30% del presupuesto de desarrollo rural a medidas relacionadas con el medioambiente y el clima, y no menos del 20% del presupuesto de pagos directos a los programas ecológicos. Y que si los beneficiarios no cumplen con los requisitos en la materia, pierdan el 10% de los mismos (en comparación con el 5% actual), e incluso el 15% si incumplen deliberadamente la norma.

De entrada, todas las organizaciones agrarias coinciden en el fondo, pero ponen pegas a la forma. COAG, por ejemplo, subraya que la desaparición del pago verde, que se integra en la ayuda básica, les preocupa porque «provoca una confusión» entre el primer pilar (pago directo a explotaciones) y el segundo pilar (política de desarrollo rural). Entienden que el esquema medioambiental encaja mejor en el segundo pilar. «Preferimos que sea un esquema voluntario tanto para estados miembros como para agricultores», señalan.

Desde UPA aplauden, de entrada, un reforzamiento de la sostenibilidad: «Lograr un sector agrícola más competitivo y rentable, que asegure al mismo tiempo el uso sostenible de los recursos naturales y contribuya a la fijación de la población en el medio rural».

Desde Asaja  critican que la Comisión Europea «relega a un segundo plano el carácter productivo, el fomento de la eficiencia empresarial y los mecanismos de regulación de mercado para dar mayor protagonismo a medidas cosméticas de supuesto carácter social o medioambiental». Remarcan que «se plantea una nueva arquitectura medioambiental que, además de ser más compleja, establece mayores exigencias que pueden restar eficiencia».

Más femenina

En los informes aprobados por el Parlamento Europeo se reclaman medidas específicas para promover una mayor inclusión y participación de las mujeres mediante la financiación del desarrollo rural para este fin.

En este terreno, desde UPA recuerdan que el papel de las mujeres en el campo, a pesar de su importancia, «ha estado históricamente invisibilizado», y también en la PAC. «Solicitamos la introducción de perspectiva de género, que reconozca el trabajo de las mujeres a nivel jurídico, económico y social», manifiestan. Por ello, ven necesario «priorizar las medidas de incorporación e inversiones dentro del segundo pilar de la PAC, otorgando mayor puntuación en los criterios de valoración a las mujeres». Pero, especialmente, prosiguen, «es importante dedicar hasta un 2% del presupuesto del primer pilar para las mujeres que accedan a la titularidad compartida de las explotaciones».

Más joven

Desde Asaja destacan, entre «los aspectos positivos» de las propuestas conocidas hasta el momento, que «se profundiza en el relevo generacional y la innovación, fundamentales para garantizar la continuidad de la actividad agraria más allá de 2027». Enfatizan que la modernización del campo para necesariamente por revertir la situación, a través de medidas eficaces y atractivas de incorporación de jóvenes, así como garantías de una pensión digna para los mayores que quieran ceder la explotación y retirarse.

Desde UPA también quieren estimular el relevo generacional. En el primer pilar, por ejemplo, ven obligatorio destinar el 2% de presupuesto para asignar derechos a los jóvenes que no los tengan, así como para aumentar el importe de los que ya los tienen. En el segundo pilar, con el aumento del importe máximo de ayudas para el establecimiento de jóvenes y puesta en marcha de nuevas empresas rurales, siempre con control de proyectos, «para evitar las incorporaciones virtuales».

Desde COAG abogan por la ayuda complementaria para jóvenes, con el fin de favorecer el relevo generacional, pero siempre que se cumpla con el modelo de agricultor definido como prioritario y destinatario de la PAC.

Más innovadora

Desde Asaja reconocen que la UE ha apostado por la innovación como eje de desarrollo económico «porque debe ser una de las principales herramientas para lograr alcanzar muchos de los retos». Por ello, dicen que es necesario que esta innovación se dirija hacia las explotaciones, para su modernización y adaptación a los nuevos tiempos. «La transferencia debe ser, por tanto, requisito imprescindible para la financiación de proyectos de innovación», insisten. En su opinión, la biotecnología puede contribuir de forma sustancial a mejorar las producciones, reducir costes y consumos, entre otros de agua, y tratamientos químicos, asegurar la viabilidad de las cosechas ante circunstancias extremas o frente a plagas, y todo ello manteniendo los criterios elevados de respeto medioambiental marcado por la UE.