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PSOE, UGT Y CCOO DENUNCIAN QUE MÁS DE 5.000 CORDOBESES ESPERAN LA DEPENDENCIA CON UNA COLA DE AÑO Y MEDIO

Los parlamentarios por el PSOE de Andalucía José Luis Ruiz Espejo y Antonio Ruiz Sánchez, y la concejala del Ayuntamiento de Córdoba de Grupo Socialista, Alicia Moya, se han reunido con representantes de CCOO y UGT para analizar la falta de atención a las personas mayores del Gobierno de Moreno Bonilla y reclamar políticas de envejecimiento activo, al tiempo que han denunciado que más de 5.000 mayores cordobeses esperan la Dependencia en la provincia con una cola de más de año y medio para ser valorados.

“Desde el PSOE coincidimos con las organizaciones sindicales UGT y CCOO en la exigencia del cumplimiento de la ley de Dependencia y para ello es necesario que la Junta de Andalucía incremente la financiación, agilice los reconocimientos de valoración y aumente el número de profesionales y valoradores, además de cubrir las vacantes existentes para disminuir las listas de espera actuales que en Andalucía superan las 63.000 personas”, ha explicado Ruiz Sánchez, que ha especificado que sólo en la provincia de Córdoba hay más de 5.000 dependientes en espera y la demora media supera los 557 días.

Los socialistas han alertado de la necesidad también de exigir un plan de refuerzo de la Atención Primaria en salud, “ya que las personas mayores son los más perjudicados en la demora para citas, que llega a alcanzar los 15 días en la provincia”. Asimismo, han puesto en el foco que las personas mayores también reclaman mayor atención y medios para luchar contra la soledad no deseada, así como aumentar el número de plazas residenciales, puesto que Andalucía encabeza el ranking del déficit de estas plazas entre todas las comunidades autónomas.

Por su parte, el secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Córdoba, Francisco Figueroba, ha denunciado “la pésima situación en la que se encuentra la Dependencia en Andalucía, con esperas que superan enormemente lo establecido por la Ley” y ha agregado que suceden cosas tales como que “tras la aprobación de la modificación de la Ley de Dependencia aprobada en el Congreso el pasado año, y que establecía para el Grupo I una atención mínima de 20 horas semanales, la Junta está aplicando este criterio sólo para los nuevos usuarios, y no los que ya la tenían aprobada, un gesto que rompe con los principios básicos de derechos de nuestros mayores a un tarto igualitario”.



El secretario de UJP-UGT Córdoba ha destacado, por otra parte, cómo “la situación de la Atención Primaria y de las pruebas diagnósticas está afectando en la salud de las personas mayores, que no se encuentran en situación de someterse a esperas ante la urgencia de sus dolencias”. Asimismo, Figueroba ha resaltado la importancia de la lucha contra la soledad no deseada, insistió en la necesidad de un nuevo modelo de residencias con una menor masificación y mejora de las condiciones de los usuarios y la necesidad de regular adecuadamente las valoraciones en dependencia, ya que, señaló, “es impresentable que haya listas de más de 63.000 personas esperando una valoración, situaciones que se resolverían con una mayor contratación y con el objetivo de cumplir en su integridad la Ley de Dependencia, porque los mayores lo merecen y tienen ese derecho reconocido”.

Del sindicato CCOO, el secretario General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Córdoba, Cándido Jiménez, ha criticado que «el Gobierno andaluz ningunee a las personas que más lo necesiten y que no tome ninguna medida para que Andalucía deje de ser la comunidad autónoma con más lista de espera para la Dependencia, sólo por detrás de Canarias, con 557 días, el triple de los 180 días que establece la ley». Por ello, el responsable sindical ha insistido en que «hay que aumentar el personal encargado de las valoraciones y reconocimientos, pero también agilizar los trámites para que ninguna persona con la prestación concedida fallezca sin haberla percibido».

 
Cándido Jiménez también ha puesto de manifiesto que «la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra la ratio de plazas en residencias en un 5% de las personas mayores de 65 años, lo que significa que en Córdoba harían falta unas 3.000 plazas», y ha recordado que el aumento de plazas es una de las medidas contempladas en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía que «no se está cumpliendo».