La Diputación alega ante la negativa del Gobierno a mejorar la red eléctrica del Norte de Córdoba
- La propuesta presentada por la Junta de Andalucía se ha desestimado «por inviabilidad»
- Las zonas de influencia de las infraestructuras más demandadas en la provincia incluyen a Hornachuelos y Pozoblanco y el Guadiato
La Diputación de Córdoba ha presentado una serie de alegaciones a la negativa del Gobierno central a la propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 2021-2026 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -que se encuentra en trámite de audiencia e información pública- en la que se ha desestimado “por inviabilidad” la propuesta presentada por la Junta de Andalucía y que atiende a la conexión con Castilla la Mancha o Extremadura partiendo de la Puebla de Guzmán y Hornachuelos.
Según dijo en su momento el delegado del Gobierno de la Administración andaluza en Córdoba, Antonio Repullo, se trataba de una propuesta «ambiciosa orientada por primera vez a la consolidación de las energías renovables», para la que Andalucía contaría con 17.000 millones de euros. Las zonas de influencia de las infraestructuras más demandadas en Córdoba, precisamente, incluyen las zonas de Hornachuelos, Pozoblanco y el Guadiato.
Esta vez, la Diputación se ha implicado y la vicepresidenta primera y delegada de Asistencia Económica a los Municipios y Mancomunidades de la institución provincial, Dolores Amo, ha manifestado de forma rotunda su preocupación por la negativa del proyecto de infraestructuras solicitadas por la Junta de Andalucía para Hornachuelos y Pozoblanco, que «afecta gravemente» a dos comarcas con características socioeconómicas y geográficas especialmente relevantes»: Valle del Guadiato y Valle de los Pedroches, encontrándose la primera de ellas, además, incluida en los territorios afectados por el desmantelamiento de la central térmica de Puente Nuevo.
Amo ha defendido que la orden por la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con Horizonte 2026 establece premisas como la evacuación de energías renovables y el aprovechamiento de zonas de elevado recurso-reto demográfico, priorizando territorios de la denominada España despoblada en las que se registra un elevado recurso renovable, cuyo aprovechamiento favorece el surgimiento de nuevas oportunidades económicas.
Este hecho, además, se alinea con el Green Deal, un plan de acción que ha establecido la Unión Europea para transformar los territorios aprovechando los impactos positivos de la transición ecológica. Por ello, Amo resalta la importancia de «apostar en el diseño de la red por el trazado de Hornachuelos a Pozoblanco, con sus derivaciones hacia Ciudad Real y Extremadura, ya que se corresponde con este principio rector”.
Diagnóstico de la situación de Córdoba
La Junta de Andalucía había asegurado que el crecimiento de la provincia y su desarrollo económico está condicionado, en gran medida, a la red eléctrica, cuya infraestructura «no es la adecuada» y que, por tanto, supone un freno de cara al futuro. Los cortes eléctricos o la baja potencia en algunas zonas de la provincia debido al deterioro de la red condicionan la instalación de empresas o fábricas, por ejemplo, o aceleran el despoblamiento de esas zonas.
Según el diagnóstico de la situación actual de Córdoba elaborado para la preparación del Plan de Transición Justa de España en marzo de 2020, el cierre de la central térmica de carbón supondrá una potencial pérdida de aproximadamente 130 empleos (en torno al 3% del total de pérdida de empleo prevista en España relacionadas con el sector). El ingreso bruto medio per cápita está en Córdoba en 20.300 euros (respecto a los 26.000 de media en España). MÁS INFORMACIÓN
En este sentido, Amo ha insistido en que “la población ha sufrido un incremento en la provincia respecto a las cifras de 1999 de un 2% frente al 17% de crecimiento en el total de España. La tasa de desempleo en Córdoba es del 22%, respecto al 14% de España. Además, la población mayor de 65 años supone un 19% (en este caso, el mismo porcentaje que en el global español). Además, la tasa de desempleo en los municipios del convenio ha sido superior a la de la provincia de Córdoba y a la del conjunto de Andalucía entre 2012 y 2019.
Se aprecia, ha argumentado la delegada provincial, que “en la zona de aplicación del convenio la tasa de desempleo se ha estancado en alrededor del 30% en los últimos años, mientras que en Córdoba y Andalucía ha seguido con su tendencia a la baja, por lo que en 2019 la tasa de desempleo de los municipios del plan es de alrededor de ocho puntos superior a la de las otras zonas”.
Por ello, Dolores Amo ha destacado que con el objetivo de paliar y revertir esta situación “los Fondos de Transición Justa van a apoyar proyectos generadores de empleo bajo el paraguas de la descarbonización, fundamentalmente basados en generación renovable, impulso a la generación distribuida a través del impulso de comunidades energéticas y el despegue del transporte de bajas emisiones, con un importante apoyo a la electrificación del transporte”.
“Todo esto requiere disponibilidad de una red de transporte y distribución de energía eléctrica que, en caso de no contar con ella, comprometería la ejecución del Convenio de Transición Justa de Puente Nuevo-Valle del Guadiato y la puesta en marcha de gran parte de los proyectos propuestos para la reactivación y el desarrollo de la zona tanto por parte de los 11 municipios afectados, como por la Mancomunidad del Guadiato”, ha explicado Amo.
El Acuerdo por una Transición Energética Justa para centrales térmicas en cierre cuya prioridad es el empleo, la industria y los territorios, compromete a administraciones a trabajar en la elaboración de convenios de transición justa para anticipar y mitigar los efectos negativos del cierre de centrales térmicas de carbón, según se vaya disponiendo de calendarios definitivos.
Amo ha recordado que el objetivo prioritario de estos convenios debe ser el mantenimiento y la creación de actividad y empleo en las comarcas a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.
“Se trata de aprovechar los recursos endógenos del territorio, ya sean económicos, sociales o ambientales, y atraer inversiones exógenas, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social. Asimismo, se buscará la potenciación de alternativas industriales en ámbitos relacionados con nuevos sectores de la transición energética y otros proyectos para mejorar la calidad y ampliación de infraestructuras para la industria en las zonas” ha añadido la vicepresidenta primera.
La Estrategia de Transición Justa hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el medio rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la despoblación, a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás, o el impulso de la Estrategia de Bioeconomía para generar valor económico, la activación de los mercados locales para productos y subproductos.
Por tanto, ha subrayado Dolores Amo, “si la reactivación del territorio norte de la provincia de Córdoba implica un crecimiento potencial, en los próximos años, en la demanda de energía en la zona norte, esta circunstancia deberá ser prioritaria como factor determinante en la planificación energética 2021-2026 con objeto no sólo de garantizar la seguridad en el suministro, como base de la política energética, sino para asegurar la correcta articulación de los Planes de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.
Apoyo a la Mancomunidad Guadajoz-Campiña Este
Igualmente, la Diputación de Córdoba apoya y se suma a las alegaciones presentadas por la Mancomunidad Guadajoz-Campiña Este por el grave desequilibrio territorial que puede provocar el centrar el desarrollo de infraestructuras de red de transporte en unas determinadas áreas respecto a otras; así como las consecuencias sociales y económicas que pueden derivar para estos territorios.
